La clase se centró en los principales políticas educativas que aluden a la inclusión. Entre ellas se encuentran la Ley General de Educación, Ley de Subvención Escolar Preferencial, Programa de Educación Intercultural y, en general, la política en torno a la llamada “educación especial” en nuestro país. Uno de los factores que analizamos en clases fue que toda la política en torno a inclusión (o más bien las políticas que levemente la recogen) están enfocadas en el financiamiento de los programas. Es interesante observar de manera detenida este punto, ya que podría dar cuenta de la forma en que el Estado está comprendiendo su rol en relación a la educación inclusiva y cómo está respondiendo a las demandas que ella implica.
A raíz de todos estos planes o programas que se supone que fomentan una inclusión educativa surgen diversas interrogantes, como por ejemplo las que surgen a la base de la mal llamada “Ley de inclusión escolar” la cual señala:
El sistema propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión”. En otro acápite señala, como referencia: “Es deber del Estado propenderá asegurar a todas las personas una educación inclusiva de calidad. Asimismo, es deber del Estado promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de educación regular o especial, según sea el interés superior del niño o pupilo“ (Ciper,2016)
Solo la primera parte ya es cuestionable puesto que teniendo en cuenta las condiciones actuales del sistema educativo, donde existe segregación por género, colegios sumamente elitistas, establecimientos sin las condiciones óptimas para personas con movilidad reducida nos damos cuenta que no hay un cambio claro que este en concordancia con las leyes que surgen.
Uniendo lo anterior al énfasis que el Estado hace en el financiamiento podríamos comprender el rol que éste está teniendo respecto a la educación inclusiva. De esta forma, los principios educativos desde un enfoque de inclusión sólo han quedado plasmados en el papel, ya que la traducción de dicha ley al trabajo que se realiza en los establecimientos educacionales se reduce simplemente al financiamiento de éstos.
Por otra parte, también debatimos en clases respecto a la clasificación de los establecimientos educacionales, lo que es llamado el “semáforo”. Esto es, cada establecimiento es categorizado como autónomo, emergente o en recuperación, según sea el desempeño de los y las estudiantes en las evaluaciones que se realizan desde el ministerio de educación. Parece lógico pensar que se destine mayor cantidad de recursos a los establecimientos que tengan un peor desempeño, sin embargo, se trabaja bajo la lógica del “premio”. Es decir, quienes obtengan mejores resultados tendrán mejores recursos y mayor autonomía en el uso de estos.
Más allá de las críticas que se pueda hacer a la destinación de recursos y las lógicas bajo las cuales se trabaja, nos quedamos pensando en cómo estas decisiones impactan en la subjetividad de los niños, niñas y adolescentes que estudian en nuestro país. Por una parte, el estigma que cargan quienes estudian en establecimiento en recuperación y la preocupación por el posible cierre de su escuela o liceo. Por otra parte, la presión que tienen los y las estudiantes respecto a su desempeño. Quienes obtienen malos resultados podrían sentirse malos y malas estudiantes, y quienes obtienen buenos resultados han sido sometidos a una alta presión y se convirtieron en respondedores de pruebas.
Referencias.
Basso, G. B. (2016, March 02). ¿Inclusión en Chile? ¡Basta de falsos discursos! Recuperado en Septiembre 27, 2016, desde http://ciperchile.cl/2016/03/02/inclusion-en-chile-basta-de-falsos-discursos/
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